| Uno de los principales obstáculos surgió cuando la Corte Suprema de Santa Fe tomó el avocamiento del caso, un hecho sin precedentes en este tipo de procesos. “Por pedido de Grassi, la Corte aceptó un avocamiento sin fundamentos y esto demoró el concurso ocho meses. Nuestros especialistas en derecho constitucional aseguraban que era improbable que esto ocurriera, pero pasó. Y después de ocho meses, los propios jueces de la Corte coincidieron en que nunca debieron haber intervenido”, explicó Bougain. Durante ese lapso, la incertidumbre generó una parálisis en la operatividad de la compañía y una pérdida millonaria de ingresos, al punto de dejar a Vicentin con una caja prácticamente vacía y obligaciones por 4,5 millones de dólares mensuales.
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