| El 30 de abril pasado, alrededor de las tres de la mañana, en una sesión extraordinaria, la legislatura chaqueña aprobó una ley histórica que recrudeció una puja de al menos 15 años entre dos flancos: el desarrollo productivo y la conservación de los bosques. Razones existen desde ambos lados y conviven en la provincia más pobre de la Argentina, que es también proyectada como una potencial meca productiva para el campo y la madera, y que contiene uno de los más extensos, valiosos y vulnerables bosques no solo de la Argentina, sino de toda América del Sur. Varias organizaciones ambientales, además de la propia Defensoría del Pueblo chaqueña, advierten que la Ley 4005R, que se votó hace dos meses, avalará y propiciará el desmonte en un sitio que ya sufre de las mayores pérdidas forestales en el país. En el ideal, esta ley busca dar orden al territorio chaqueño que contiene bosques nativos. En otras palabras, permite o restringe las actividades que puedan hacerse en diferentes zonas de los bosques de Chaco a partir de estudios técnicos, científicos y participativos.
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