| Los viticultores comunitarios reciben alrededor de 500 millones de euros al año de fondos de la UE para reestructurar sus viñedos y ser más competitivos. Desde 2016, también han podido pedir autorización para plantar más vides. El objetivo es permitir un crecimiento controlado de la producción potencial (hasta un incremento máximo anual del 1 %) y evitar el exceso de oferta. El Tribunal de Cuentas considera que, a pesar de la importante cantidad de fondos afectados, la política vitivinícola de la UE ha hecho poco por el medio ambiente. La medida de reestructuración tiene escaso objetivo ecológico, incluso, podrían provocar el efecto contrario, como el cambio a variedades de uva que necesitan más agua. Del mismo modo, el incremento anual del 1 % en superficies de viñedo, prorrogado 15 años más (hasta 2045), nunca se ha evaluado desde el punto de vista medioambiental.
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