| La política industrial de Biden ha iniciado una competencia global que está poniendo a prueba las alianzas, amenazando los presupuestos y canalizando cantidades sin precedentes de dinero público hacia empresas privadas. Una noche de mayo, una mala noticia llegó a la bandeja de entrada de Jason Roe. Unos 60 miembros de su sindicato, que estaban instalando vigas de acero para una planta de baterías para vehículos eléctricos en la ciudad canadiense de Windsor, fueron despedidos. Eso fue una sorpresa porque la fábrica, una empresa conjunta de $ 4.1 mil millones de Stellantis NV y LG Energy Solution Ltd., había sido anunciada con gran fanfarria por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau solo un año antes, y respaldada por una gran cantidad de efectivo público. Pero, de repente, los 1.000 millones de dólares canadienses (759 millones de dólares) de subvenciones federales y provinciales que se ofrecían no iban a ser suficientes.
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